Por Daniel Ramos y Lucinda Elliott
BUENOS AIRES, 11 ago (Reuters) - Apenas nueve meses después de asumir la presidencia de Bolivia en medio de un giro generalizado hacia la derecha en América Latina, Rodrigo Paz se enfrenta a una ardua batalla para conseguir el respaldo a un paquete de reformas orientadas al mercado, al tiempo que su coalición de Gobierno se fractura.
Se espera que Paz, que asumió el cargo en noviembre, remita al Congreso una Ley de Inversiones el 11 de agosto. Se trata de la primera de una serie de medidas destinadas a atraer a empresas privadas a Bolivia mediante un régimen fiscal y de regalías más competitivo.
El Gobierno de centroderecha, que ha forjado vínculos estrechos con el presidente estadounidense, Donald Trump, también tiene previsto relajar el control estatal sobre los sectores energético y minero mediante una serie de proyectos de ley que se presentarán en los próximos meses.
La legislación es fundamental para los esfuerzos de Paz por reactivar el crecimiento, atraer inversión extranjera y respaldar un programa del FMI de 1.900 millones de dólares destinado a estabilizar la economía boliviana, afectada por la crisis.
En el marco de un paquete de reformas más amplio, el Gobierno tiene previsto reformar el sector del petróleo y el gas, reduciendo el papel de las empresas estatales y abriendo las industrias estratégicas a una mayor inversión privada tras casi dos décadas de políticas impulsadas por el Estado bajo el gobierno del partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS).
Las autoridades han propuesto limitar la carga combinada de impuestos y regalías de las empresas energéticas a alrededor del 50% para poder competir con países de la región como Perú y Argentina, ofrecer incentivos para nuevos proyectos de exploración y reducir el papel de la empresa estatal de energía YPFB.
El Gobierno también tiene previsto reforzar las garantías jurídicas para los inversores, respetar los contratos vigentes y permitir una mayor participación del sector privado en la generación y el comercio de electricidad.
Los analistas señalan que el debate en el Congreso servirá para evaluar de forma preliminar la fuerza política de Paz, en un momento en que su alianza de centroderecha muestra signos de desintegración. El MAS salió muy debilitado de las elecciones de 2025, pero el Congreso sigue fragmentado en seis bloques de centroderecha con prioridades inciertas.
"El Gobierno tiene que hacer una coalición", afirmó el analista político Andrés Gómez desde La Paz. "Ese es un desafío del Gobierno en este momento".
Los legisladores entrevistados por Reuters señalaron que las divisiones entre los partidos —y dentro de ellos— han dejado al Gobierno sin una mayoría legislativa fiable, lo que le obliga a negociar el apoyo proyecto por proyecto.
"Lo único que hacen es pedir préstamos y más préstamos sin cambiar el modelo económico que llevó al país a la crisis", afirmó Carlos Alarcón, de la Alianza por la Unidad, de tendencia conservadora.
La coalición, que apoyó a Paz desde el principio y que ocupa aproximadamente una quinta parte de los escaños del Congreso, se ha mostrado cada vez más crítica con su gestión de las finanzas públicas.
También han surgido divisiones dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en el poder, entre las que se incluyen tensiones entre Paz y el vicepresidente Edman Lara, mientras que varios antiguos aliados han abandonado el Gobierno.
Aun así, la diputada del PDC Claudia Bilbao afirmó que el Gobierno sigue negociando con todos los partidos.
"Estamos trabajando con todos, desde nuestro presidente hasta el último diputado, para sacar adelante al país que hemos encontrado en la quiebra", declaró Bilbao a Reuters.
BLOQUEOS DE CARRETERAS
Los intentos de Paz a principios de este año de recortar el gasto público y eliminar los subsidios al combustible, vigentes desde hace tiempo, desencadenaron protestas y bloqueos de carreteras, lo que puso de manifiesto los límites de su mandato político.
Varios grupos han amenazado con volver a las calles a partir de octubre.
La economía de Bolivia, que se prevé que se contraiga un 3,3% en 2026, se ha visto afectada por la disminución de la producción de gas natural, unas reservas de divisas casi agotadas y unos déficits fiscales superiores al 10 % del PIB, según el FMI.
El acuerdo de tres años con el FMI alcanzado en julio está pendiente de la aprobación del Congreso y del Consejo Ejecutivo del FMI. El programa, de 1.900 millones de dólares, sería el primer acuerdo plurianual de Bolivia con el Fondo desde 2006 y podría desbloquear al menos 5.000 millones de dólares de prestamistas multilaterales.
El senador Branko Marinkovic, de la Alianza Libre (partido conservador), afirmó que era necesaria una nueva financiación, pero que los fondos del FMI por sí solos no resolverían los problemas subyacentes de Bolivia.
"El FMI es una opción que tenemos que tomar", declaró Marinkovic, cuya alianza está liderada por uno de los rivales de Paz en las elecciones de 2025.
"Aquí no hay si es bueno o malo, lo tenemos que tomar. Pero el crédito no es la solución, es qué haces para poder después pagar los créditos", añadió.
Los analistas consideran que el programa del FMI es, principalmente, una forma de desbloquear financiación adicional.
"Los 1.900 millones de dólares no cambian de forma fundamental el cálculo de la solvencia de Bolivia", señaló Jonathan Fortun, economista sénior del Instituto de Finanzas Internacionales.
"Lo que el programa puede hacer es sentar las bases y desbloquear otras fuentes de financiación", añadió.
El diputado de la oposición Alejandro Reyes afirmó que el escrutinio parlamentario tanto del programa del FMI como del paquete de reformas sería intenso.
"Debe haber transparencia y rendición de cuentas", señaló Reyes. "Debemos saber, dólar a dólar, adónde han ido a parar".
(Reporte de Daniel Ramos desde La Paz y Lucinda Elliott desde Buenos AiresEditado en español por Nicolás Misculin)