Tal como lo han hecho otros presidentes ejecutivos de grandes tecnológicas, Mark Zuckerberg publicó ayer un ensayo titulado "The Future is for Everyone", con el que puede decirse que Meta, la plataforma que él dirige, fija su filosofía sobre la superinteligencia. En este contexto, resulta obligado retomar a Dario Amodei, fundador de Anthropic, la empresa creadora del agente de Inteligencia Artificial (IA) Claude, quien ha escrito sendos ensayos sobre la prospectiva de la IA, y que apenas seis semanas antes difundió uno más breve bajo el título "Policy on the AI Exponential".
Ambos textos comparten vocabulario, los dos hablan de "balance de poder" como el problema central de la era que se avecina y, sin embargo, llegan a recetas casi opuestas sobre quién debe decidir qué tan rápido y bajo qué condiciones se libera un modelo de inteligencia artificial al mundo.
Amodei propone que Estados Unidos construya una autoridad reguladora vinculante, al estilo de la Administración Federal de Aviación (FAA): pruebas obligatorias de terceros en cuatro áreas de riesgo (ciberseguridad, armas biológicas, pérdida de control e investigación automatizada), con facultad gubernamental para bloquear el lanzamiento de un modelo que no las supere. Zuckerberg rechaza ese camino de raíz, sostiene que restringir capacidades es la antesala de la centralización y propone, en cambio, que los laboratorios compartan de forma voluntaria sus modelos en entrenamiento con el gobierno, sin someterse a ninguna autoridad externa con poder de veto. Uno pide un semáforo capaz de detener el tráfico; el otro pide un carril rápido sin caseta de cobro.
Más allá del contraste, ambos coinciden en algo que rara vez se discute con la misma claridad en México, que la inteligencia artificial más avanzada está por convertirse en una fuente de poder tan concentrada como en su momento lo fueron las armas nucleares o las telecomunicaciones y que la pregunta relevante ya no es si se regula, sino en qué capa de la cadena de valor se hace. Amodei y Zuckerberg coinciden, por ejemplo, en proponer que el ciudadano común tenga acceso a una capacidad de defensa legal o técnica equivalente a la del Estado cuando éste actúa en su contra.
México llega tarde a esta discusión y no por negligencia sino por posición estructural: no es productor de esta tecnología, es tomador de sus reglas. Ninguno de los dos modelos que proponen Amodei y Zuckerberg es trasplantable tal cual: no existe agencia mexicana con capacidad técnica para auditar un modelo de frontera o de tecnología de punta, al estilo la FAA de EUA, como tampoco hay cómputo propio relevante que "distribuir" al estilo de la promesa de Meta. La discusión regulatoria mexicana, cuando ocurre, tiende a resolverse por la vía más familiar para nuestras instituciones: la del control previo y la facultad discrecional de suspensión, el mismo patrón que hoy se discute en los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y el tema del estándar de "veracidad". Es, en pequeño, la misma centralización que Amodei y Zuckerberg advierten que debe evitarse, solo que en México la amenaza no vendría de un laboratorio privado, sino de una autoridad gubernamental sin suficientes contrapesos.
La ruta más realista para México, entonces, no es copiar un modelo de pruebas de vanguardia que no puede operar, sino regular la capa de uso, es decir qué puede y no puede hacer un sistema de inteligencia artificial en el sistema financiero, en un proceso electoral o en la difusión de contenidos, apoyándose en los reguladores sectoriales que ya existen, en vez de inventar uno nuevo sin capacidad técnica real. Es probable que el marco efectivo termine llegando por la vía comercial. Si EUA avanza hacia un modelo tipo su regulador de aviación -citado como ejemplo arriba- y hacia una coalición de aliados que comparte estándares de seguridad y cadena de suministro de semiconductores, como propone Amodei, México heredará buena parte de esas reglas a través del T-MEC, tal como ha heredado en el pasado estándares de exportación de equipo de cómputo.
Los textos de Amodei y Zuckerberg nos resultan de gran utilidad, primero porque permiten darnos cuenta de que en la discusión alrededor del ecosistema normativo que requiere nuestro país para la IA estamos francamente rezagados y, por otro lado, que si queremos lograr un marco medianamente eficaz y propicio para el caso mexicano es imperativo que abordemos el tema con seriedad.
*El autor es economista.